Los comunicados de las tres entidades señalan con enfática inquietud un hecho fundamental: la intención de las nuevas autoridades de convertir al Incaa en un órgano de financiamiento en lugar de una institución dedicada al fomento de la actividad cinematográfica. Es decir, de dejar en segunda instancia el hecho cultural que significa la producción cinematográfica –que por otra parte es una de las industrias culturales que más empleos genera en el país–, para dar prioridad a las instancias financieras de la producción. En ese sentido el comunicado del PCI afirma que “la Resolución 942/2017 y sus Anexos profundizan la crisis que viene atravesando nuestro cine nacional, evidenciando políticas cinematográficas negativas para el Fomento que ahogarán financieramente a las pequeñas y medianas productoras”.
En ese mismo sentido avanza el análisis realizado por los miembros de DAC, quienes explican la naturaleza de la nueva norma de manera precisa, al expresar que el texto de la resolución denomina “financiamiento” a lo que hasta ahora se definía como “fomento a la producción”, utilizando “un lenguaje bancario y tecnocrático ajeno” a la actividad. Y concluyen que a partir de este cambio en el léxico “el Incaa se asume como un banco” antes que como lo que es (o debería ser): una entidad dedicada a impulsar el cine y no un órgano crediticio más preocupado por recaudar que por sostener una actividad cultural. Es importante volver a destacar que desde la implementación de la ya mencionada Ley del Cine hace casi 25 años, la industria cinematográfica se autofinancia a partir de impuestos aplicados a la propia actividad. Es decir que el crecimiento exponencial registrado desde de entonces, tanto en cantidad como en calidad, no significó en ningún caso restar fondos del presupuesto nacional a ninguna otra de las actividades que el Estado debe garantizar, como la salud, la educación o la seguridad.
No menos importante es recordar que la publicación de esta nueva resolución, que pretende modificar la forma en que hasta ahora se reguló la actividad cinematográfica, se realiza apenas meses después del confuso desplazamiento de Alejandro Cacetta de la presidencia del Incaa por supuestos casos de corrupción que siguen sin ser probados. La expulsión de Cacetta, que mereció el rechazo de toda la comunidad cinematográfica, tuvo lugar tras una por lo menos extraña operación mediática disparada por un informe de dudosa calidad periodística presentado por Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos, que se emite a través de la señal América TV y que conduce Alejandro Fantino. Desde entonces tanto las nuevas autoridades del Incaa como altas figuras del gobierno nacional, como el jefe de gabinete Marcos Peña, negaron de plano que las condiciones establecidas en la Ley del Cine estuvieran en peligro, comprometiéndose en todos los casos a respetar las normativas vigentes. Compromiso que la Resolución 942 viene a dar por tierra.
Así lo entiende la DAC, que a través de su comunicado afirma que “cuando aún las entidades representativas del sector audiovisual no salían de su asombro –ya que se habían recibido promesas de los principales ministros del gobierno nacional que indicaban su intención de no achicar los fondos para el Cine– se publica en el Boletín Oficial, sin previo aviso ni consenso, la Resolución 942/2017/Incaa, que lisa y llanamente decreta la eliminación del cine independiente y de autor; y que produce inexorablemente una pérdida histórica de nuestras fuentes de trabajo”. En el mismo sentido se expresa Argentores, para cuyos miembros “este conjunto de normativas, lejos de ‘fomentar’ la actividad cinematográfica, se convierte en un diseño de financiamiento que impone peligrosas restricciones para la sustentabilidad de la producción, en especial para los emprendimientos alternativos de bajo y mediano costo con proyección autoral”. En coincidencia con el comunicado de la DAC, el de la asociación de autores también concluye que este esquema depara “una inexorable y drástica reducción de las películas filmadas y el riesgo de que sólo puedan sobrevivir las grandes producciones asociadas a los sectores corporativos más poderosos de la distribución internacional”.
Las tres asociaciones que hasta ahora expresaron sus puntos de vista también coinciden respecto del carácter cerrado e inconsulto de la resolución recientemente publicada, ya que su implementación se realizó sin ser puesta previamente en conocimiento de las instituciones y asociaciones que integran la comunidad cinematográfica local. Desde el PCI se lo hizo reclamando la “conformación del Nuevo Consejo Asesor (órgano de co-gobierno del Incaa que garantiza la transparencia y asignación democrática de los Fondos de Fomento) en carácter urgente, ya que debería estar vigente desde julio del corriente año”. En tanto que desde el texto de DAC se solicita “al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Cultura y a las propias autoridades del Incaa”, no sólo que “reconsideren las medidas que se pretende adoptar”, sino que también se dialogue con todo el sector audiovisual “para evitar este camino sin salida que producirá, inevitablemente, un cierre de fuentes de trabajo en una industria cultural que tantas satisfacciones le ha dado a nuestro pueblo y que de ninguna manera merece este trato”.
Tanto los comunicados de DAC y Argentores como el de PCI incluyen en sus textos una serie exigencias que buscan hacer dar marcha atrás a este nuevo esquema que, entienden, resulta muy perjudicial para la actividad cinematográfica. El documento del PCI solicita ya en su primer punto que la Resolución 942/2017 sea reconsiderada, “ya que la misma generará mayores trabas burocráticas, imposibilidad e imprevisibilidad en la financiación, provocando una drástica reducción en la cantidad de películas producidas anualmente”. En esa misma dirección apuntaron desde Argentores, quienes indican que la nueva regulación tergiversa “el espíritu de la ley al aplicar criterios económicos y financieros que desconocen la dinámica propia del quehacer cinematográfico”, reclamando que su implementación sea revertida de inmediato. Asimismo desde la asociación de autores se reclama “una política que respete el espíritu de una ley nacida para viabilizar el crecimiento cultural, profesional y laboral”.
Otra coincidencia entre los tres documentos gira en torno de una idea amplia de aquello a lo el cine argentino debería aspirar, concepto contra el que la nueva normativa pareciera conspirar. Desde el PCI se convoca “a la unión del sector audiovisual” y se solicita a las autoridades del INCAA que “respondan a las necesidades urgentes y modifiquen el actual rumbo de sus políticas cinematográficas”. Por su parte desde DAC denuncian que “las nuevas resoluciones generadas por los funcionarios del Incaa defienden solo un modelo de cine que no necesita la financiación” y que “promueven la extinción de un cine nacional producido dentro de otros formatos y propuestas, tanto estéticas como narrativas, que históricamente ha creado miles de puestos de trabajo y obtenido infinitos premios internacionales”. En tanto que los miembros de Argentores se manifestaron a favor de que toda legislación orientada a la industria cinematográfica debiera perseguir el objetivo de “construir un cine que nos exprese y en el que nos podamos reconocer. Un cine que contenga diferentes rangos y modalidades de producción, diversidad de miradas, de historias y de caminos expresivos”.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
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